Una nueva disputa judicial se suma a las controversias que rodearon las elecciones presidenciales de 2026. El Consejo de Estado admitió la tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, contra el expresidente Gustavo Petro por varias declaraciones en las que cuestionó la transparencia del proceso electoral y el papel de la Registraduría Nacional.
La decisión la tomó la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado mediante un auto del 30 de septiembre de 2026. El magistrado Nicolás Yepes Corrales estuvo a cargo de la ponencia.
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La acción busca proteger los derechos fundamentales de Penagos al buen nombre, la honra y la rectificación en equidad. También solicita protección para el buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La controversia se originó en varias declaraciones de Gustavo Petro durante el periodo electoral. Según la tutela, el entonces presidente publicó 14 mensajes en su cuenta de X entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026.
Petro también abordó el tema durante un consejo de ministros. En esas intervenciones cuestionó diferentes aspectos relacionados con la organización y seguridad de las elecciones.
Entre los asuntos mencionados estuvieron los cambios en el censo electoral, el número de puestos y mesas de votación y los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14.
También cuestionó las direcciones IP de los servidores de la Registraduría, una supuesta existencia de “bloques matemáticos” y la negativa de la entidad a permitir una auditoría del código fuente.
Penagos sostiene que estas afirmaciones no tenían evidencia que las respaldara. Por esa razón, solicitó a Petro que rectificara sus declaraciones antes de acudir a la justicia.
De acuerdo con la información presentada en la tutela, Hernán Penagos pidió formalmente al entonces presidente que corrigiera las afirmaciones que consideraba perjudiciales para su reputación y la de la Registraduría.
Sin embargo, el registrador asegura que transcurrieron los 15 días hábiles establecidos para recibir una respuesta sin que Petro hiciera la rectificación solicitada.
Ante esta situación, Penagos decidió acudir al Consejo de Estado mediante una acción de tutela. Su objetivo es obtener protección judicial para sus derechos fundamentales y los de la entidad que representa.
¿Qué decidió el Consejo de Estado?
El alto tribunal determinó que la tutela cumplía con los requisitos formales necesarios y decidió admitirla para su estudio.
Este punto es importante porque la admisión no significa que el Consejo de Estado ya haya determinado que Gustavo Petro vulneró los derechos de Hernán Penagos o de la Registraduría.
Ahora comienza el trámite judicial. Las partes tendrán que presentar sus argumentos y el tribunal deberá analizar el contenido de las declaraciones cuestionadas, el contexto en el que fueron realizadas y la solicitud de rectificación.
El caso también pone sobre la mesa el debate sobre los límites de las declaraciones de los funcionarios y dirigentes políticos cuando cuestionan procesos electorales y a las autoridades encargadas de organizarlos.
Por ahora, la controversia entre Hernán Penagos y Gustavo Petro pasa de las declaraciones públicas al escenario judicial. El próximo paso será conocer la decisión que adopte el Consejo de Estado después de estudiar la tutela.
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